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La manzana y el gusano
La derecha, la política, representada por el PP, y la empresarial organizada, que tiene como siglas las de la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), han unificado “sus respectivas estrategias para que la Comunidad autónoma gane en confianza” (ABC de Sevilla, entre otros, dixit) a través de una «Declaración conjunta por la competitividad de Andalucía», que ha firmado Javier Arenas y Santiago Herrero. El empresariado institucional se ha retratado, valga el simil, con este acuerdo con la otra derecha. ¿Aplican aquel refrán que dice que "al olor de las sardinas se acercaron todos los gatos"? ¿Se arrepiente de los siete acuerdos de concertación firmados y repudian el último que se contradice con esta declaración a favor de la supuesta competitividad? ¿Devolverán lo que han recibido a costa del VII Acuerdo de Concertación y renunciarán a percibir lo que les queda por ingresar? ¿Dirá algo el Gobierno de la Junta de Andalucía? ¿Volverá la CEA a sacar la campaña de la manzana podrida con el gusano para apoyar al PP y menospreciar al PSOE? ¿Se comerán con papas la manzana si Arenas logra su cuarta derrota?
El adiós de los mejores
Carlos Moya ha dejado de ser secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía tras seis años en esta responsabilidad, en la que ha protagonizado un bagaje de honestidad, buen hacer, capacidad de trabajo y de diálogo y de integridad.
Todo un compendio de cualidades que, de momento, pierde la política, más allá de un PSOE necesitado de activos de esta índole, para dedicarse a su profesión, la de ingeniero agrónomo, una titulación de obtuvo al mismo tiempo que trabajaba para los demás desde su cargo y en cuyo empeño dejó en el camino, entre otras muchas cosas, un escaño en el Parlamento de Andalucía, una perita en dulce que casi cualquier otra persona no hubiese rechazado y que le hubiese permitido ser otro profesional de la política, lo que con un ahínco y una rectitud admirable no ha querido ser.
Su decisión es reflejo de un valor en desuso en determinados estamentos de la política, que tienen como rasgos comunes la incapacidad, la frivolidad, la irresponsabilidad y el intento de regate corto, sin más perspectiva que salvar la marca inmediata del adversario, pero sin el más mínimo talento de llegar con su perspectiva de futuro a un palmo más allá de sus narices.
Carlos Moya ha dado un ejemplo, además, de generosidad. En su discurso de despedida de la más alta dirección de las Juventudes Socialistas de Andalucía no ha hecho el más mínimo reproche de lo que ha sufrido en los años que ha estado en la cúspide del socialismo andaluz.
Ha tenido la elegancia de no ajustar cuentas a muchos que no han remado en la misma dirección hacia la que iba el barco, en el mejor de los casos, cuando no han alzado el hacha y golpeado una y otra vez el casco de la embarcación con la innegable idea de abrir cuantas más vías de agua mejor.
Junto a ello, Carlos ha sido protagonista de una gallardía casi inaudita en la vida política actual al incluir en sus agradecimientos a Manuel Chaves y a Luis Pizarro, hoy alejados de la dirección socialista andaluza, con especial cariño y admiración hacia el primero. Ello no le ha impedido tener también un reconocimiento especial para quién sí continúa en la cúspide del PSOE de Andalucía y que fue su mentor en las Juventudes Socialistas, Rafael Velasco.
La salida voluntaria de Carlos Moya a sus 30 años de la actividad política de primera línea es un hecho que ha de mover a la reflexión, a un profundo análisis de lo que está pasando en la vida pública, donde los mejores, como es su caso, casi nunca se quedan.
El revolcón valenciano del Supremo
El Tribunal Supremo, nada menos, ha anulado, por unanimidad de la Sala que ha conocido el tema, el archivo de las actuaciones contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otros amiguitos del alma, acordado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidida por el “más que amigo” de Camps, Juan Luis de la Rúa. ¿Debería ser juzgado este magistrado por el revolcón jurídico que ha recibido, como lo va a ser Baltasar Garzón?
De la Rúa podría haberse abstenido, o, más bien, debería haberse abstenido de intervenir en esta causa porque es conocida su relación más allá de lo institucional con el presidente valenciano, lo que deja bajo sospecha su imparcialidad en la decisión del archivo.
¿Consecuencia de ello es que ha actuado a sabiendas de que estaba dictando una resolución injusta, alejada del Derecho, como ha sentenciado ahora el Supremo, para beneficiar a su más que amigo? Pues no.
Si cada vez que se dictase la nulidad de una resolución judicial y hubiese una mera sospecha de que se elaboró a sabiendas de su ilegalidad, los tribunales competentes no tendrían más misión que juzgar a los juzgadores, en el caso de Baltasar Garzón hasta los dos miembros de la propia Sala que ordenó el archivo de la causa por las víctimas del franquismo que avalaron en un voto particular la actuación del juez.
Detrás del proceso contra Garzón hay una importante maraña de la más dura de la derecha española, esa que se agazapa detrás del PP, a veces con siglas propias, como en este caso con Manos Limpias y Falange, y otras sin luminoso, para dejar en la nebulosa de la indefinición la frontera entre la derecha dura a secas que representa ahora la vanguardia del PP y la extrema derecha sin más, que se introdujo en él tras la desaparición de Fuerza Nueva.
A la CDU alemana, esté como ahora en el gobierno o en la oposición, como está el PP en España, ni se le ocurría jalear ninguna acción, por justificada que pudiera parecer estar jurídicamente, de los nazis, que no puede formar partido en Alemania, lo mismo que tampoco pueden hacer exposición pública de su ideología.
Claro que comparar a la CDU con el PP es como hacer lo propio entre Angela Merkel y Mariano Rajoy.
¿Zapatero¿ ¿Quién es Zapatero?
El anuncio de las duras medidas económicas adoptadas por el Gobierno realizado por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, han provocado las primeras llamadas a la amnesia, a no saber de quién se cobra e, incluso, de olvidar quién le ha enchufado para recibir esos emolumentos, por lo que pueda ocurrir en el futuro electoral.
Leído en Facebook apenas unos minutos después del anuncio presidencial, suscrito por una persona que cobra de una institución pública socialista, a la que no accedió, precisamente, mediante una oposición bajo los principios de capacidad, mérito y publicidad: “Menos mal que los 2.500 euros los quitan el año que viene. Que el Gobierno elimine los gastos de protocolo, los billetes en preferente y el Ministerio de Igualdad, que no hace nada por las mujeres!!!! qué indignada estoy!!!!!”.
Aparte de la carencia lingüística, el alegato viene a poner encima de la mesa que cuando comienzan a apretar los zapatos, empezamos a conocer quiénes los calzan.
No es achacable a la persona autora que exprese lo que piense, ya que no sólo es que esté en pleno derecho de ello, sobre lo que no cabe duda alguna, sino que es sano que la gente proyecte lo que realmente siente.
Lo que sí es censurable es el proceso por el que esta persona ha llegado a un puesto de trabajo, tenga la figura jurídica que tenga, de confianza de la estructura de gobierno de una institución pública gobernada por los socialistas. Queda claro que no fue por superar un examen de ideología, que no hubiera aprobado ni soplándole las preguntas y escribiéndole también las respuestas ni tampoco fue por la calidad del proceso de elección, lo que es imputable a quien tiene la responsabilidad del gobierno de esa institución.
No se trata de una crítica desde una postura intelectualmente sostenida y políticamente argumentada. Es la manifestación espontánea en Facebook de una persona escrita sobre la marcha, fruto del impacto del enfado de verse afectada por las medidas de recorte de prestaciones del Gobierno y lo mismo hasta escrita en horario de trabajo desde un ordenador de la institución socialista que le paga.
Los socialistas comenzarán a partir de ahora a encontrarse con más de una manifestación espontánea de este tipo y con otras menos espontáneas que irán dirigidas a virar a otro lado donde se prevea que a partir de las próximas elecciones se estará más calentito. Más o menos un descarado “Zapatero? ¿Quién es Zapatero?”. Y deberán preguntarse qué es lo que han hecho mal para que esto suceda.
El alcalde de Málaga, 2016 y las cuarenta
Al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), no se le puede echar la culpa de haber generado una polémica. Si algo hay que imputarle es que aprovecha la ocasión cuando se la ponen como a Fernando VII. ¡Y bien que lo ha hecho a elevar a polémica el apoyo manifestado por el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, a la ciudad de Córdoba en su candidatura a ser Capital Europea de la Cultura en 2016!
El pasado jueves, el día antes de las declaraciones de Velasco, De la Torre intervino en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, en el que ya dejó caer su miga sobre el apoyo del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a las aspiraciones cordobesas, frente a las pretensiones malagueñas.
El apoyo de Velasco no sé si beneficia a Córdoba, pero seguro que sí lo hace al alcalde de Málaga, que bien marca sus diferencias con cualquier persona o ente que suene o huela lo más mínimo a socialista. En el desayuno madrileño, en el que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, le rindió honores de presentador, Francisco de la Torre acusó a los socialistas de deslealtad y de carecer de proyectos para Málaga, cuando a ellos, a los socialistas, claro, le competen tener una cartera sin fin para la capital de la Costa del Sol.
Tan escasos de proyectos está el PSOE para Málaga, según los cálculos de su alcalde, que no tienen ni candidato a la Alcaldía, ya que no hay nadie que quiera asumir el compromiso de continuidad reclamado por el secretario general del PSOE de Andalucía y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pase lo que pase en las elecciones municipales del año próximo. Claro está que lo que se hace en Málaga es porque allí tienen a un alcalde muy seguro de sí mismo, que no le importa llevar a engaño a los asistentes a su desayuno madrileño dejando en el limbo de la iniciativa y la financiación alguno de los proyectos que le sirven a su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura para 2016.
Y eso es así porque a De la Torre se le pasó comentar la intervención de Administraciones gobernadas por el PSOE en realidades ya tangibles en esa tierra, nada de proyectos, como el Museo Picasso y la instalación en el Palacio de la Aduana del Museo de Bellas Artes y Arqueológico, además del AVE y de las obras del Metro.
Para ser riguroso, el alcalde de Málaga, después de atribuirse todas estas realidades, hizo una leve referencia a la participación de la Junta de Andalucía en el Metro, aunque porque no le gustaban los criterios de conectividad, y ello, que no lo dude nadie, debido a que otras infraestructuras, como la Hiperronda y la nueva terminal del Aeropuerto, son fruto de una planificación de hace más de diez años. Si José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones en 2004 y estamos en 2010, han pasado seis años, así que ya se sabe dónde está el origen de tanta inversión en Málaga, en el Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, ese mismo que contrataba al del Gurtel.
El alcalde de Málaga sólo reconoció la participación de la Junta de Andalucía en dos realidades de la ciudad, en la Orquesta y en la puesta en marcha del Parque Tecnológico de Andalucía, aunque, en este último caso, con retraso, ya que se abrió en 1992 y debió ponerse en servicio, según el docto criterio de De la Torre, en la década anterior, como pasó con los de Tres Cantos, Madrid y Bilbao. ¡Vamos –vino a decir el alcalde malagueño- que para una cosa que hacen los del PSOE, lo hacen tarde y mal! No debe estar muy contento el edil con el funcionamiento del Parque Tecnológico de Andalucía. Le debe parecer poco que el ejercicio pasado se cerrase con 13.691 empleos en las 526 empresas allí instaladas y que se esté ya ampliando el terreno para la implantación de nuevas sociedades.
Tan poco le debe parecer, que el alcalde de Málaga ha puesto en marcha una cosa que se llama “Málaga Valley”, “una iniciativa de un destacado grupo de presidentes de relevantes compañías del sector de la sociedad de la información y de algunos de sus líderes más destacados” que tiene “como objetivo diseñar las políticas y líneas de acción necesarias para convertir a Málaga en la más importante zona de excelencia tecnológica de Europa, un Silicon Valley europeo capaz de arrastrar a empresas de todo el mundo e inversiones en I+D”, que es como se presenta el invento en su página web. Que no haya duda que el Parque Tecnológico de Andalucía es una cosa que ni le va ni le viene a De la Torre, que es capaz de crear con una oficina de 70 metros cuadrados y cuatro trabajadores la mitad de empleo que se producen en las seis oficina del Servicio Andaluz de Empleo en la ciudad de Málaga, según se vanaglorió en su desayuno en Madrid. Quizás si ampliase la oficina del Instituto Municipal de Formación y Empleo, que es la que tiene los 70 metros cuadrados, y duplicase su plantilla, de cuatro pasasen a ocho, lo mismo lograba el pleno empleo en su ciudad antes del dichoso 2016.
Y después de todo este repaso a lo que suene y huela a socialista, incluyendo la ausencia de proyecto sobre el corredor ferroviario de la Costa del Sol, a lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer en Málaga, su alcalde acusó de “deslealtad” a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.
El alcalde de Málaga se ha atrevido a levantar una polémica sobre lo de 2016 porque nadie le ha parado los pies, ni nadie tampoco ha explicado que da igual que Moratinos, Velasco –los dos diputados por Córdoba, por cierto, ¿por quién esperaba De la Torre que apostasen?- y el susum corda apoyen a Córdoba como Capital Cultural de Europa para dentro de seis años, porque ninguno de ellos tiene nada que decir en la decisión que debe proponer un comité formado por trece miembros (siete nombrados por las instituciones europeas -dos por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en cada caso, y otro por el Comité de las Regiones-) y seis por el Ministerio de Cultura, previa consulta a la Comisión Europea.
Este Comité es el encargado de evaluar las solicitudes que participen en la convocatoria, cuyo plazo de presentación se cierra el 29 de julio, y de recomendar una lista de ciudades candidatas, mediante una votación en la que primero se requiere unanimidad, después mayoría de dos tercios y, por último, mayoría simple.
Las ciudades candidatas preseleccionadas, en una decisión que ha de adoptarse antes del 31 de diciembre de este año, han de completar sus programas en un plazo de nueve meses para ser evaluados por el Comité de Selección, que recomendará -primero por unanimidad o, en su caso, por mayoría de dos tercios- el nombramiento de una ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2016 por España.
Finalmente, será el Consejo Europeo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, del dictamen del Parlamento y de las justificaciones e informes del Comité de las Regiones, el que designará las ciudades española y polaca –porque habrá otra en Polonia- que serán Capitales Culturales en 2016.
¡Anda que no que queda nada para que se tome la decisión y para que se lleve a cabo las actividades en 2016, entre otras cosas dos elecciones municipales de por medio! ¡Y anda que no le queda recorrido mediático y populista al alcalde de Málaga si alguien no les canta las cuarenta!
El delito imposible
Cuentan que en cierta ocasión Serrano Suñer, ministro de Gobernación con Franco, llamó al embajador de Gran Bretaña para preguntarle si quería que le mandase a la policía para vigilar la manifestación que se desarrolla en la puerta de la legación diplomática pidiendo la devolución de Gibraltar a la soberanía española. El embajador, que debía ser el modelo de la flema británica, le dijo al ministro que prefería que no le mandase a los manifestantes en vez de enviarle a la policía.
No sé si la anécdota es cierta o inventada por la propaganda antifranquista, pero viene como anillo al dedo a las declaraciones que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha hecho a la SER sobre la condena a la pena de cárcel de dos de sus periodistas por cumplir con su derecho de informar.
Si la sentencia es, sin duda, un “bodrio intelectual”, como ha dicho el consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, las manifestaciones de Rajoy suponen el colmo del cinismo.
Si el dirigente popular no quería asumir una situación como la actual, donde, a su juicio, “no parece haber proporción con la sanción que se ha impuesto”, lo que debería haber hecho es no alentar a quienes se han mostrado ofendidos por haberse desvelado que pertenecían al PP y han llevado su enfado a los tribunales, aunque, como bien apunta Cebrián, la ofensa no puede venir por un hecho que en sí es público, la pertenencia a un partido político, sino por haberse descubierto el chanchullo del que formaban parte para desbancar a una alcaldesa de un pueblo de Madrid que no les ríe las gracias a la autodenominada “lideresa”, la presidenta de esa Comunidad, Esperanza Aguirre.
La sentencia, más allá de la acertada definición de Cebrián de “bodrio intelectual” y “aberración”, pretende mandar a la cárcel a dos periodistas que han cumplido por su deber.
No es que haya una desproporción en la pena, sino que se ha condenado por un delito imposible, absolutamente inimaginable de plantear en cualquier sociedad avanzada de nuestro entorno. Nadie puede ser condenado en una sociedad democrática por cumplir con su deber de informar.
El artículo 197.2 del Código Penal, que el nefasto juez que le ha tocado juzgar un caso que nunca tuvo que llegar a una vista oral ha aplicado, pretende castigar a quien, sin estar autorizado, “se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”.
Tan delirante sentencia, que será rectificada en la instancia de apelación, en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no quepa la menor duda, entiende que desvelar la pertenencia de una persona a un partido político causa un perjuicio. ¿Qué supone entonces el acto de afiliación a una organización, política en este caso, sino una manifestación pública de una determinada creencia y la decisión de trabajar públicamente por ella? ¿Cómo se puede penar a quien se limita a difundir lo que otros han hecho para que se sepa?
No se ha desvelado de manera fraudulenta lo que una persona vota en unas elecciones, en un acto libre, directo y secreto, como establece nuestra Constitución, sino el hecho de que alguien ha querido pertenecer a una organización voluntariamente.
El absurdo de la resolución judicial llevaría a no poder tomar imágenes de un acto público de un partido político, no vaya a ser alguno de los que hayan ido porque les ha dado la gana vean afectado no se sabe muy bien qué derecho. Y así, sucesivamente, tampoco sacar imágenes de quienes van a ver las procesiones en Semana Santa, o de quienes entran en iglesias o mezquitas o incluso de quien va a una conferencia en la que se va a manifestar algún tipo de declaración ideológica. Realmente aberrante.
En verdad es aberrante leer en una sentencia de la España del siglo XXI, que este año conmemora el bicentenario del Decreto de Libertad de Prensa, dictado en Cádiz dos años antes de la primera Constitución española, que los periodistas a los que el juez quiere enviar a la cárcel “debían ser conocedores del seguro perjuicio que irrogaba a una persona si se publicaba que estaba afiliado a un determinado partido político, con las connotaciones sociales que ello conlleva en la relación diaria con sus conciudadanos”.
Aquí es donde el juez enseña el plumero de la realidad que subyace en la resolución judicial, que quienes se afiliaron irregularmente al PP se mostraron afectados no ya por conocerse su militancia, sino más bien por el hecho de que lo habían hecho dentro de un fraude organizado para modificar la realidad democrática del PP en Villaviciosa de Ocón, realidad que en todo el proceso judicial nadie ha puesto en cuestión.
Por lo demás, la sentencia reúne los suficientes elementos como para cuestionarse la idoneidad de la capacidad de juzgador de su firmante. Decir que internet está fuera de la protección constitucional al derecho a la información es una afirmación tan patética como aquella otra que dice que el conocimiento de la militancia en el PP produjo “en los denunciantes incomodidad, desasosiego e intranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida”.
Cabría el chiste fácil de plantear que ya se sabe que pertenecer al PP tiene sus consecuencias, pero que no es para tanto. El respeto a aquellas personas que militan en el PP y que lo hacen con libertad y para defender sus ideas, tan respetables en una España democrática como cualquier otra que entre en el marco constitucional, y a los que les ha producido el mismo asco esta decisión judicial, hace injusto el chascarrillo.
Nada se sabe en 36 folios de sentencia de la falta del deber de cuidado que ha tenido el PP a la hora de preservar su fichero de militancia, quien podría tener responsabilidad, quizá administrativa, en el ámbito de la Ley de Protección de Datos o de la de los Servicios de la Sociedad de la Información.
Tampoco se sabe nada de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que este juez parece no haber siquiera leído, aunque en todo caso no la aplicado, en cuanto a la función del periodista y su deber de informar, y que, aparte de mandar a la cárcel a los dos informadores de la SER, los condena al silencio, no vaya a ser que desde la trena le sigan la pista a los chanchullos de alguna gente, que son los que ahora se frotan las manos ante un Rajoy que más bien debería poner orden en su casa en vez de intentar desmarcarse con tibias palabras de una condena que tiene su origen en el partido que él manda y que pone a España en una posición delicada en cuanto a la clasificación mundial de la libertad de prensa por parte de Reporteros sin Fronteras, donde en la edición de 2009 aparece en el puesto 44 como consecuencia de la existencia de periodistas amenazados.
Lastimeramente, en la clasificación de 2010 estaremos aún más cerca de Eritrea, que cierra la lista en el puesto 175, merced a un juez llamado Ricardo Rodríguez Fernández; a las acusaciones particulares que han ejercido los mismos militantes del PP que fueron pillados en la fullería; a una fiscal de nombre Pilar Joca Romero; a la jerarquía de la Fiscalía, que avala la débil actuación de su representante en el juicio; y a la displicencia de un poder político, no sólo el tibio de Rajoy, que ha sido incapaz de salir en tromba, Gobierno y partido del gobierno incluidos, en defensa de la más dramática de las afrentas que la libertad de información puede recibir, la que viene del mismo sistema que ha de protegerla, que ha de mimarla, como el más preciado de los derechos que existen en una democracia, tan sólo superado por el derecho a la vida.
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